Uno de los fenómenos más importantes en el Perú en los últimos 20 años ha sido la expansión de las concesiones y operaciones extractivas a lo largo del país. La extracción y exportación de minerales e hidrocarburos desde los años noventa han generado grandes beneficios para la economía nacional, permitiendo niveles sostenidos de crecimiento e ingresos significativos para el tesoro público. Pero la expansión de estas actividades también ha provocado un aumento en los conflictos sociales, y ha reabierto discusiones sobre la llamada “maldición de los recursos naturales”, en referencia a los negativos efectos macroeconómicos, sociales y políticos generados por la dependencia en la exportación de estos recursos1 . ¿El Perú se escapará esta vez de semejante maldición? ¿Podrá usar los abundantes aportes económicos que genera la extracción de recursos hoy para cerrar las brechas sociales y reorientar la economía para mañana? ¿Podrá limitar los negativos impactos ambientales y sociales de estas actividades? Son preguntas vitales tanto para los líderes políticos y empresariales, como para el ciudadano de a pie. Como veremos en este informe, hay características de la situación actual que sí la hacen distinta a otras épocas de bonanza—aunque estas diferencias no necesariamente garanticen que el resultado histórico será distinto. En primer lugar está el contexto internacional, donde hay mayor competencia por minerales y otros productos, no solamente de parte de empresas multinacionales occidentales, sino también de los estados y empresas de China, India y otros países en desarrollo, cuyo propio crecimiento requiere mayor acceso a recursos ubicadas fuera de sus fronteras (Sanborn y Torres 2010).
Esta demanda, y la cartera variada de minerales que tiene el país, le da al Perú mayor capacidad de negociación con potenciales inversionistas, pero también implica mayor complejidad en las relaciones establecidas. En segundo lugar, hay una mayor expansión física y geográfica de la actividad minera, a través de la privatización de empresas estatales y la proliferación de nuevas concesiones en regiones y comunidades donde la minería no ha sido parte importante de la historia local (Glave y Kuramoto 2007). Esta expansión viene acompañada por transformaciones tecnológicas en una industria que hoy requiere mayores expansiones de tierra, mayores cantidades de agua y mucho menos mano de obra local (Damonte 2007, Perla 2010).L a minería tiene un peso importante y creciente en la economía nacional y en muchas de las economías regionales. Los altos precios de los minerales en los últimos años y la expansión de este sector han ayudado a la economía peruana a mantener un ritmo de crecimiento prácticamente sostenido desde la década del noventa. Esto se ha mantenido en los últimos años a pesar de las crisis internacionales, y coloca al Perú en una situación ventajosa frente a sus vecinos. Según la economista Claudia Cooper, “el per capita peruano, ajustado por poder de compra, se habría casi doblado en la última década… lo que lo ubica en segundo lugar en la región (después de Panamá)… además de encontrarse en el 15% superior al nivel mundial” (Cooper 2011:3).
La minería hoy es el primer sector exportador del país. Según cálculos de Macroconsult para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (), en los últimos 10 años el valor de las exportaciones mineras metálicas ha crecido nueve veces, llegando a US$ 27,361 millones en 2011, lo cual representó el 59% de total de exportaciones ( y Macroconsult 2012). Según la misma fuente, entre 2000 y 2005 los volúmenes de minerales exportados crecieron en un promedio de 12% anuales, aunque desde esta fecha la expansión de valor se debe principalmente al aumento de precios internacionales, pues los volúmenes exportados no han vuelto a crecer tan significativamente y Morón 2012). Otro tema fundamental en el Perú es la relativa integración o encadenamiento de la minería con otros sectores de la economía nacional. La gran minería en el Perú es intensiva en capital y genera poco empleo directo, alrededor del 1% de la (Morón y Cooper 2010, Macroconsult 2012). Sin embargo, según un estudio reciente del , la minería adquiere un elevado porcentaje de sus insumos localmente, incluyendo el 14% del sector manufacturero peruano. En sus cálculos, cada US$1,000 millones de exportaciones mineras generarían US$1,470 millones de adicionales, del cual poco más de la mitad se genera fuera del sector minero. Asimismo, el estima que el aumento proyectado en las exportaciones mineras en los próximos años generaría 78,156 puestos de trabajo, 90% de los cuales estarían fuera del sector minero. Es decir, cada empleo en el sector minero generaría nueve en sectores no mineros ( 2012).
Otro estudio realizado por Eduardo Morón y colegas en 2010 también concluye que las empresas mineras adquieren la mayor parte de los bienes y servicios para sus operaciones de empresas nacionales, entre fabricantes y comercializadoras peruanas. Sin embargo, son más cautos sobre el efecto generado por esto. Señalan en primer lugar la alta concentración de esta actividad en la capital de Lima, mientras solo el 20% se queda en la región donde operan. Asimismo, concluyen que la mayoría del valor generado es solo por servicios de intermediación entre empresas comercializadoras peruanas y proveedores en el exterior. Entre los principales insumos requeridos por la minería están la energía, el combustible, los reactivos y productos químicos, aceros y hierros, y explosivos. Los autores enfatizan la tarea pendiente de desarrollar más infraestructura energética, pues es uno de los insumos más importantes para el sector minero (Morón, Bernedo y Seminario, 2010). En el sector de los hidrocarburos hay una importante contribución por hacer en términos de seguridad energética para la población, la minería y diversos otros sectores productivos. El Perú es un importador neto de hidrocarburos desde 1987, por lo que mantiene una balanza comercial deficitaria. A inicios de la década del noventa se produjo la privatización de varios de los activos de la empresa estatal Petroperú—que, en la práctica, ha significado que esta se dedique tan solo a las labores de refinación y comercialización y haya abandonado las tareas de exploración desde mediados de la década, la producción de hidrocarburos líquidos disminuyó en el país, como resultado del agotamiento de las reservas, principalmente las de petróleo.
La entrada en producción del proyecto Camisea (lote 88 en julio de 2004 y lote 56 en septiembre de 2008), así como la apertura de nuevos pozos en Piura (costa norte) en 2006 trajo como consecuencia que se revirtiera esa tendencia (Vigila Perú 2010: 27). Aunque los pronósticos sobre los precios internacionales de los minerales en el corto plazo son positivos, y el Perú tiene la ventaja de una cartera diversificada de minerales, la creciente dependencia de la economía peruana en la demanda internacional de estos recursos también genera preocupación. El volumen de producción minera se ha estancado en los últimos años. Si bien hay una cartera de proyectos de alto valor en la próxima década, en varios casos de proyectos grandes, su entrada en operaciones está retrasada.8 Si sumamos a esto una caída en la demanda de China, Europa y/o , puede darse un freno significativo del crecimiento peruano, y sobre todo, de la capacidad de inversión pública en infraestructura y servicios sociales. Se considera que este hecho es uno de las principales razones detrás del cambio de posición del presidente Ollanta Humala sobre la minería, la cual fue motivo de fuerte crítica en su campaña electoral, sobre todo en regiones de alta conflictividad asociada a esta actividad. Sin embargo, al poco tiempo de asumir la Presidencia de la República, Humala presentó la inversión privada minera como fundamental y urgente para financiar los ambiciosos programas sociales de su gobierno y lograr la prometida “inclusión social”.
Nuevamente, las debilidades relativas del Estado explican parte de esta situación; en este caso, la baja capacidad de ampliar la base tributaria y generar otras fuentes de ingreso más sostenibles que las exportaciones mineras. A pesar del crecimiento sostenido, la presión tributaria en el Perú ha aumentado solamente en 2.5% desde la década pasada, según Cooper. Y mientras la tributación minera es debatida públicamente—con tendencia al aumento con nuevas obligaciones—un estimado 60% de la economía nacional está basado en actividades informales sobre las cuales no se cobran impuestos significativos. Para Cooper, “esta dependencia fiscal minera hace más difícil la aplicación de reformas estructurales en sectores como educación y salud, ya que estas requieren compromiso de gasto en el largo plazo” (2012, p.2). Si sumamos a la alta dependencia de los precios externos el aumento en la percepción de riesgo político generado por los conflictos sociales, las preocupaciones aumentan.
