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Indudablemente, en la última década, la minería se ha ido perfilando como un sector de gran importancia para el desarrollo del país, llegando a forjarse lemas como “Perú país minero” aludiendo al enorme potencial metalúrgico del país. Las cifras macroeconómicas sólo respaldan esto. En primer lugar, el peso de la contribución de la minería y la refinación de metales en el PBI nacional ascendió a 15% en el 2007, mientras que en 1994 sólo había representado el 5%. Si se considera el peso de la minería en las regiones, sin considerar Lima, el PBI minero representó 28% en el 2007. 1 En segundo lugar, las cifras con respecto a las exportaciones muestran que si bien en el 2000 la minería había representado el 46%, para el 2010 llegó a representar el 61%.2 Además, la minería aporta también con el pago de tributos, regalías y derechos de vigencia, aporte voluntario y Fondoempleo, siendo contribuciones que han ido aumentando con el pasar de los años. Por ejemplo, se pasó de 104 millones de soles en el 2001 a 13,300 millones en el 2011, cifra que representó la suma de los presupuestos anuales del Ministerio de Salud; Educación; Vivienda, Construcción y Saneamiento; y Trabajo y Promoción de Empleo. De estas contribuciones se destina un gran porcentaje para Gobiernos Regionales y Locales a partir del 2004 como concepto de canon y regalías mineras. En el 2000, el monto distribuido había sido sólo S/. 55 millones, mientras que para el 2005 ascendió a S/. 1 103 millones, incrementándose en el 2011 a S/. 5 131 millones.

Esta transferencia por canon y regalías ha aumentado el presupuesto con el cuentan las regiones abismalmente, llegando en muchos casos a ser su principal financiador, como es el caso de Moquegua en el que esta transferencia representa el 47% de su presupuesto total. El crecimiento de la minería y su importancia en el presupuesto nacional ha hecho, equivocadamente, que el gobierno central claudique sus funciones de regulador a ser sólo promotor de la inversión, debido a que no existe un organismo técnico que en forma exclusiva y prioritaria evalúe la calidad del medio ambiente que rodea a esas inversiones. De esta manera, a medida que las cifras de la importancia de la minería se iban disparando, también lo hizo la ocurrencia de conflictos socioambientales, entendido y clasificado por la Defensoría del Pueblo como un tipo de conflicto social cuya dinámica gira en torno al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos. Por ejemplo, en Junio del 2006, la Defensoría había establecido que existían sólo 14 conflictos socioambientales, pero un año después estos conflictos se habían incrementado a 32 casos, y cuatro años después, en el reporte de Junio del 2010, se estableció que existían 126 conflictos socioambientales.3 Indudablemente, los conflictos socio ambientales a partir del 2007 se han convertido en el principal dolor de cabeza para el Estado y los inversionistas mineros.

Aproximadamente, el 40% de estos conflictos es originado por una actividad minera en exploración, es decir que no hay una mina sino un proyecto de hacer una mina en ese lugar. Esta cifra afianza la idea de que hay mucha incertidumbre y temor por la contaminación y los daños que esta actividad podría generar al ambiente, que sólo se ve fortalecida por la inexistencia de un organismo supervisor y fiscalizador por parte del Estado. La gran evidencia de esto es la precaria forma de evaluar los Estudios de Impacto Ambiental, en donde la opinión de la población local no es tomada en cuenta ni es vinculante para la aprobación de estos instrumentos.Asimismo, además del riesgo de la contaminación, otra de las causas de este tipo de conflictos es la competencia por la utilización de los recursos naturales, en especial el recurso hídrico, ocasionando enfrentamientos principalmente con el sector agrícola. Esta competencia se enmarca en un problema social más amplio, ya que en la mayoría de regiones los agricultores son el sector menos favorecido de este crecimiento económico que vive el país por causa de la minería. Cuando estos conflictos aparecen en escena por una actividad en exploración, el principal reclamo por parte de las organizaciones sociales es la revisión del Estudio de Impacto Ambiental, por considerarlo insuficiente para garantizar el desarrollo de la actividad sin contaminar el medio ambiente y, en especial, sin afectar la calidad y la cantidad del agua.

A 34 kilómetros de la ciudad de Moquegua (Perú) y con una altitud entre los 3,100 a 4,300 metros sobre el nivel del mar se ubica Quellaveco, un yacimiento de cobre y molibdeno que es desarrollado por Anglo American corporación con sede en Londres que opera en más de 45 países.Anglo American S.A. es accionista mayoritario y operador de Minera Quellaveco S.A., proyecto cuprífero ubicado al sur del Perú, en Asana, en Moquegua.El Proyecto Quellaveco consiste en la operación de una mina de cobre a tajo abierto a gran escala, cuyas reservas minerales superan los 947 millones de toneladas métricas. Con una vida útil de 45 años. POSTULA ONLINE ACA Y TRABAJA CON NOSOTROS DESDE HOY ! 

Sin embargo, la poca capacidad de respuesta del Estado lo hace optar por la estabilidad jurídica para las inversiones, defendiendo su autoridad y superioridad técnica en la aprobación de estos instrumentos de gestión ambiental. Frente a esta realidad, la sociedad civil encuentra en el ejercicio de la violencia el único medio eficaz de dotarlos de poder para alcanzar sus objetivos, desencadenando muchas veces la represión policial. Esta dinámica general es la que se ha replicado en los conflictos socioambientales por actividades mineras en exploración más mediáticos, como son los casos del proyecto Conga, Majaz, Tía María, etc. En medio de esta realidad nacional se ha presentado un caso atípico como es la solución al conflicto socioambiental por el proyecto minero Quellaveco en la región Moquegua. Este caso ha sido utilizado mediáticamente por el Gobierno Central como un ejemplo para demostrar que la contradicción entre minería y agricultura puede ser superada, y que la minería puede y debe traer desarrollo a la región donde opera. Sin embargo, el conflicto ha sido superado luego de doce años de negociación y debido a exigencias de la propia población moqueguana, ya que se llegó a acuerdos que implican que la empresa invierta más y haga un manejo ambiental más exigente que el aprobado en su Estudio de Impacto Ambiental. Es decir que es un ejemplo en donde la lucha por parte de las organizaciones sociales ha tenido éxito sin el uso esencial de la violencia. ¿De dónde entonces es que nace el poder de estas organizaciones sociales para lograr sus objetivos en este conflicto?.

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