A inicios de los noventa, en el Perú ocurrió un cambio conceptual sobre el papel del Estado en una economía de libre mercado. Se transfirió al sector privado la responsabilidad de desarrollar las actividades productivas y los servicios, mientras que el Estado se reservó la función de promotor y regulador de la inversión privada, y también mantuvo la potestad de establecer mecanismos para evitar las prácticas de competencia desleal. El sector de telecomunicaciones no fue ajeno a estas transformaciones. Su modernización empezó con la promulgación de la Ley de Telecomunicaciones (Decreto Legislativo 702, noviembre de 1991), en virtud de la cual se creó legalmente el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) en sustitución de la Comisión Reguladora de Tarifas de Telecomunicaciones. En 1993 OSIPTEL inició sus actividades y también publicó el Texto Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones.OSIPTEL es el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, entidad pública descentralizada creada en julio de 1993 para regular y supervisar el desarrollo del mercado de las telecomunicaciones. Posee autonomía técnica, económica, financiera, funcional y administrativa, de conformidad con lo establecido por la Ley de Telecomunicaciones y la Ley 26285. Es dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros.Como se verifica en la experiencia internacional, los servicios de telecomunicaciones fueron prestados en un inicio por empresas (privadas o estatales), en la mayoría de veces monopólicas. Siguiendo la corriente de privatizaciones en la década del noventa, se transfirió el control de las empresas de telefonía básica a empresas privadas.
En algunos casos, al igual que en Perú, se otorgó un periodo de exclusividad a la empresa monopólica privatizada y después de este período se abrió el mercado a la competencia. La evolución continua de nuevas tecnologías y los cambios institucionales a nivel mundial han permitido que ya no sea necesaria la existencia de un único operador dominante en los países, que aproveche las economías de escala y de ámbito, abriéndose así el camino a un mercado competitivo, el cual es resguardado por políticas regulatorias que buscan limitar el poder de dominio de las empresas que lo poseen y asentar las bases para la existencia de competencia efectiva en el mediano y largo plazo. Los resultados de estas políticas regulatorias se pueden observar en indicadores como nivel de tarifas a los usuarios, penetración de servicios telefónicos y grado de competencia en el mercado, entre otros. En el presente informe se hace una recopilación de la situación de los mercados de servicios telefónicos básicos en dieciocho (18) países latinoamericanos. El documento se divide en cuatro partes. En la primera se presenta información acerca del proceso de reforma del sector que ha seguido cada país y se identifican aquellos que guardan cierta similitud con el proceso peruano de tal manera que son comparables. Asimismo, se analizan los procesos de privatización seguidos en diez países, dentro de los cuales se considera a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México, Perú y Venezuela. Adicionalmente se presenta información acerca de las condiciones establecidas en cada uno de los contratos de concesión de las empresas privatizadas.
En la segunda parte del informe se trata la regulación adoptada por algunos países latinoamericanos respecto del régimen tarifario, interconexión, existencia de regulación asimétrica y de normas de contabilidad separada. En la tercera parte se presenta una comparación de indicadores del sector de telecomunicaciones en los países que cuentan con información disponible. Estos indicadores comprenden indicadores físicos, tarifas de servicios básicos e indicadores financieros del desempeño de la empresa operadora más importante de cada país. Finalmente, en la cuarta parte se presenta las conclusiones acerca de los posibles factores determinantes del grado de desarrollo del mercado en los países incluidos en el análisis.Los dos elementos principales comprendidos en los procesos de reforma del sector de telecomunicaciones en Latinoamérica son: (a) la privatización de los monopolios y empresas estatales que prestaban servicios públicos de telecomunicaciones, y, (b) la apertura del mercado a la libre competencia, es decir, permitir el ingreso de nuevos prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones al mercado. Con fines comparativos, los países comprendidos en el presente informe son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Es de notar que no en todos estos países se han privatizado las empresas estatales ni se permite la competencia en todos los servicios básicos.
A manera de resumen, en el cuadro N°1 se muestran las fechas en las que cada país considerado en el presente análisis inició el proceso de privatización y de apertura del mercado, tanto de telefonía fija local como de larga distancia nacional e internacional.El primer país en iniciar la privatización de los monopolios estatales fue República Dominicana en 1930. Esto se debió a la carencia de recursos estatales para restaurar la infraestructura de comunicaciones destruida por una catástrofe natural. Realmente el primer país que vio a la privatización como una opción para garantizar la inversión de capital en el sector fue Chile, que en 1987 inició la venta de acciones de la empresa estatal de telefonía fija local. Luego le siguieron Argentina (1990), México (1990) y Venezuela (1991). Estos países, a diferencia de Chile, decidieron otorgar un período de exclusividad a la empresa privatizada. Posteriormente, Perú (1994) y Bolivia (1995) privatizaron sus monopolios, otorgándoles también un período de exclusividad a la empresa. Finalmente, Panamá (1997) y Brasil (1998) fueron los últimos países en privatizar sus monopolios estatales. De los quince países considerados en el presente análisis, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay aún mantienen empresas prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones en poder del Estado.En México, Panamá, Perú y Venezuela, luego del proceso de privatización de la empresa, se optó por conservar un monopolio integrado de servicios básicos (telefonía local y de larga distancia) y otros servicios de telecomunicaciones que operaba a nivel nacional. A diferencia de ello, en otros países latinoamericanos, como Brasil, Chile y Argentina se optó por separar la prestación del servicio local del servicio de LD.
En Brasil se dividió el monopolio estatal en cuatro empresas, una de las cuales se encargó de la prestación de los servicios LD (Embratel adquirió esta empresa), mientras que las otras tres empresas se encargaron del servicio local en cada región en la que fue dividida el país. En Chile antes de la privatización ya existía una empresa que sólo prestaba servicios de LD (ENTEL). En Argentina, al momento de la privatización se creó una empresa de LD en la cual las empresas locales privatizadas participaban con el 50% cada una. En el caso particular de El Salvador se permitió la operación de dos empresas integradas de servicios locales y de LD, pero sólo se entregó a CTE la propiedad de la infraestructura. Respecto de la división geográfica del mercado, solamente en Argentina y en Brasil se dividió el territorio nacional y se asignó una empresa por región. En Argentina se crearon dos regiones (norte y sur) y en Brasil tres regiones (Sao Paulo, centro-sur y norte-este), en cada una de las regiones se permitió la operación a una empresa de telefonía local. En Chile, Argentina y Bolivia se permitió que las empresas que operaban antes de la privatización se mantuvieran en el mercado. Telefónica Internacional es la empresa que adquirió mayor número de empresas en los procesos de privatización en América Latina. Sus activos comprenden Argentina (región sur), Brasil (Sao Paulo), Chile (CTC), El Salvador (INTEL), Perú (CPT y ENTEL) y Venezuela (CANTV). Esta empresa es el operador de telecomunicaciones líder en el mundo de habla hispana y portuguesa. Es la primera empresa española por capitalización bursátil y una de las principales empresas mundiales del sector. Opera en cerca de 50 países y posee activos por más de US$ 81 000 millones.
Otro inversionista importante en la región es el consorcio Telecom Italia, que opera en telefonía fija en Argentina (región norte), Bolivia (ENTEL), Brasil (región centro-sur) y Chile (ENTEL). Este consorcio cuenta con activos por más de US$ 49 000 millones y opera en 19 países. France Telecom (Francia), Verizon (anteriormente GTE, EEUU) y Cable&Wireless (Reino Unido), empresas de telecomunicaciones importantes a nivel mundial, también adquirieron inversiones en la región. En el cuadro N°2 se presenta la relación de operadores internacionales que poseen participaciones en las empresas de telecomunicaciones básicas en América Latina.En los Contratos de Concesión de las empresas privatizadas se definen las obligaciones y derechos específicos de estas empresas ante el Estado. Información relevante relacionada a estos contratos se presenta en el cuadro N° 3. En el caso de Argentina, Bolivia, México, Panamá, Perú y Venezuela, se establecieron períodos de exclusividad para la operación de las empresas privatizadas. La duración máxima de este período fue de 9 años en el caso de Venezuela y el mínimo de 5 años en Perú. La extensión del período de exclusividad fue recortada en Perú (de 5 a 4 años) y en Argentina (de 10 a 9 años). En Chile, El Salvador y República Dominicana no se estableció un período de exclusividad. En Brasil las empresas privatizadas operaron como monopolios sólo seis meses hasta que se subastaron las licencias para las empresas paralelas o espejo en cada región.
En todos los contratos, excepto en los suscritos por Chile, El Salvador y República Dominicana, se acordaron metas de calidad, modernización y expansión. En el cuadro N°3 se presenta una lista de los indicadores acordados entre la empresa privada y el Estado. Respecto de los requisitos de expansión se debe resaltar que estos se refieren a instalaciones de líneas de abonado, de teléfonos públicos y expansión del servicio en las áreas rurales. En Argentina y Brasil, se especifica el número de líneas a alcanzar por región política, y en Perú se define el número de líneas por regiones – que comprenden Lima y regiones conformadas por tres o más departamentos-; mientras que en México y Bolivia no se especifica la distribución de las líneas en el territorio nacional. En los contratos de concesión celebrados también se estableció cómo sería la regulación tarifaria, sólo en Chile y República Dominicana, la regulación tarifaria se establece en normas de carácter general. En la mayoría de los casos se establecieron regímenes de tarifas tope (price-cap) que permitieron el rebalanceo tarifario. Solamente en el caso de Perú y Panamá se incluyen las tarifas tope año por año en los contratos de concesión. Un mayor desarrollo del tema tarifario se presenta en la segunda parte de este informe.
