La Mina Consorcio Horizonte es una mina de oro que opera desde el año 1985 en la sierra del departamento La Libertad, al norte del Perú. Para la explotación de los minerales la mina necesita sostener la roca cuando es excavada, usando el shotcrete vía húmeda (mezcla de cemento + arena + fibras de acero + súper plastificantes + acelerantes + agua) que se lanzan sobre el terreno recién excavado, con la finalidad de soportar la roca de manera segura para que los trabajadores ingresen sin correr riesgos . La mina necesita que el shotcrete sea dúctil, con una absorción de energía mínima de 700 Joules que frague rápido para que adquiera resistencias iniciales a 6 horas, suficiente para que se pueda empernar y alcance un mínimo de resistencia a la compresión de 100 kg/cm2 a las 24 horas. A la vez la mezcla debe mantenerse fresca por un lapso de 4 horas ya que la distancia de la planta al lugar de lanzado es lejana. Para que el shotcrete tenga las características deseadas se recomendó usar aditivos de la líneas Sika Fiber y Sigunit. Actualmente las empresas del sector minero en el Perú aplican sin mucho éxito estrategias de acercamiento a las comunidades campesinas de su ámbito de influencia que, en algunos casos, han fracasado en su intento de establecer buenas relaciones y, en cambio, han conseguido sumar pérdidas millonarias, ocasionadas por la paralización de proyectos de exploración con factibilidad o de yacimientos en operación. El presente estudio tiene por objetivo analizar un caso exitoso: la estrategia de responsabilidad social de la empresa Consorcio Minero Horizonte (CMH) que le ha permitido mantener la licencia social con sus comunidades vinculadas.
Esa estrategia consiste en estrechar las relaciones con los pobladores de las comunidades con el pilar fundamental de formación de empresas comunales, las cuales actúan como instrumento de desarrollo comunal que canaliza las oportunidades de negocio que la empresa minera titular tiene para la comunidad. La organización de estas empresas, con una estructura orgánica liderada por pobladores oriundos (comuneros), se ha complementado con la incorporación de profesionales y técnicos con competencias específicas, quienes han dado una orientación gerencial a la organización y así mejorado su desempeño como proveedor. Asimismo, la existencia de convenios entre la minera y las empresas comunales, junto con el trato preferente que se les otorga como proveedores de servicios y bienes, les ha permitido alcanzar 12 Empresa minera, comunidades y empresas comunales una retribución económica significativa cuyos beneficios se han trasladado directamente a la comunidad, bajo el esquema de generación de empleo y explotación de recursos minerales de forma artesanal. El éxito y el buen manejo de las oportunidades de negocio han permitido dinamizar la economía en la zona y mejorar el nivel socioeconómico de sus comunidades, con un alto nivel de satisfacción de los pobladores quienes encuentran en la actividad minera una oportunidad para mejorar su nivel de ingresos y calidad de vida.
De esta manera se evidencia el establecimiento de un triángulo virtuoso formado por la minera titular, la comunidad campesina y la empresa comunal, en el que la cooperación mutua, las buenas relaciones y la creación de valor compartido han logrado que la comunidad se beneficie e identifique con la actividad minera y, en consecuencia, otorgue a la empresa la licencia social para operar. Este no es un caso generalizado. En las últimas décadas, la minería ha crecido en forma considerable, al punto de ubicarse como una de las actividades económicas más rentables del país. La elevada demanda global de minerales sumada a la importancia de las reservas mineras existentes a lo largo del territorio peruano ha ocasionado que muchos inversionistas de capitales nacionales y extranjeros consideren al Perú como una importante plaza, dados los altos márgenes de rentabilidad que presenta. Sin embargo, a pesar de que la minería constituye una gran oportunidad de desarrollo económico para los inversionistas, para los miembros de las comunidades donde operan y para el Estado, se ha producido en el país un número creciente de conflictos sociales generados por la ejecución de las operaciones mineras, los cuales pueden llegar hasta la paralización de proyectos legalmente aprobados, lo que constituye una pérdida económica considerable para todos los grupos de interés relacionados. Frente a este panorama en el sector minero, se presume que las inversiones programadas para los próximos años tendrán una contracción que, sin duda, afectará directamente el crecimiento del país y la generación de empleo.
Por ejemplo, importantes proyectos mineros como Minas Conga, de Newmont y Buenaventura, y Tía María, del Grupo México, se encuentran paralizados, a pesar de representar una esperanza de desarrollo económico para sus regiones y para el país, con una inversión que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) estima en 6,200 millones de dólares (Minem, 2015). Es en ese contexto que muchas empresas mineras, con el fin de mantener una buena relación con las comunidades aledañas y evitar la futura generación de conflictos sociales, han invertido millones de dólares en obras y servicios para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades. No obstante, a pesar de la realización de estas actividades en las zonas de influencia, la mayoría de esas empresas no ha logrado disipar la amenaza de una posible generación de conflicto social, principalmente en aquellas en las cuales existe presencia de mineros artesanales provenientes de otras regiones, que buscan extraer los recursos minerales de la zona de concesión otorgada a las empresas legalmente constituidas. Esta última variable representa una gran amenaza para el óptimo ejercicio de las operaciones de las empresas mineras formalmente constituidas, toda vez que en numerosos casos los mineros ilegales foráneos —a quienes no interesan las acciones filantrópicas que desarrollan las empresas mineras en las comunidades aledañas— llegan a la zona de influencia con una actitud desafiante y de movimiento de masas, alentados porla paralización de otros proyectos mineros mediante el conflicto social.
Ante este panorama, la experiencia exitosa de una empresa minera que ha buscado nuevas formas de estrechar lazos con las comunidades aledañas mediante la formación de empresas comunales, para con ello evitar la llegada de mineros artesanales foráneos que pongan en peligro sus operaciones, constituye una práctica que se debe analizar para evaluar sus posibilidades de réplica. A pesar de las muestras de filantropía social, se suscitaron situaciones conflictivas en la zona de influencia y en especial en la zona de las operaciones mineras. Muchos mineros artesanales, motivados por la progresiva alza del precio del oro y la gran cantidad de este mineral en el distrito de Parcoy, El CMH, las comunidades campesina y las empresas comunales de Parcoy 111 empezaron a migrar hacia esta zona desde diversos lugares del país para insertarse en las comunidades aledañas al establecimiento minero. Este desplazamiento se realizó usurpando e invadiendo parte de la zona de concesión del CMH, con el propósito de explotar la zona y trasladar el oro extraído artesanalmente a la ciudad de Nazca. Hasta antes de esto, los pocos mineros artesanales de las comunidades aledañas también operaban dentro de la zona de concesión de la empresa pero no representaban una gran amenaza como sí lo hicieron los mineros artesanales no oriundos de la zona y que cada vez llegaban en mayor número a operar en los yacimientos del CMH. El punto de inflexión de esta situación ocurrió en el 2013 cuando un grupo de mineros artesanales ilegales tomó posesión de la mina La Bonita, zona de gran importancia para el CMH, puesto que era una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para la ejecución de sus labores.
Por esta razón, ante el riesgo de paralización de las operaciones, el CMH decidió intervenir legalmente a los mineros artesanales invasores con el fin de desalojarlos de la zona de conflicto, lo cual logró pocos días después de ocurridos los hechos. Este conflicto fue el punto de partida para que el CMH diera un giro estratégico a su política de responsabilidad social con dos componentes. El primero fue intensificar su diálogo con los legítimos miembros de las comunidades y desarrollar iniciativas para fomentar el desarrollo económico formal de estas comunidades, la integración de los comuneros como socios estratégicos de la empresa y la prevención de futuros hechos conflictivos. El segundo fue elaborar una línea de trabajo con los mineros artesanales. Ambos componentes confluyeron en la formación de empresas comunales en el distrito de Parcoy.El centro poblado Parcoy no es propiamente una comunidad sino la cabecera del distrito. Tiene una población estimada en 7000 personas, muchas de ellas migrantes de otras zonas del país o del departamento. Sus principales actividades económicas son el comercio, los servicios y la minería, esta última es la más importante. • El comercio y los servicios no tienen un peso gravitante en la formación del producto bruto interno (PBI) local, en cambio sí tienen una alta significación en la generación de empleo. Casi un tercio de la población ha visto dinamizados sus negocios, los cuales se concentran básicamente en restaurantes y bares, tiendas de abarrotes, electrodomésticos y ropa, farmacias y servicios de transporte interno e interprovincial. • También en este centro poblado la gran minería la realizan las empresas auríferas CMH y Marsa y la pequeña minería, mineros artesanales bajo la modalidad de contrato de explotación minera.
Las oficinas de ambas empresas se ubican en el centro poblado. Existen dos sedes bancarias en la zona: el Banco de la Nación, ubicado en Parcoy, e Interbank, situado en Llacuabamba. También cuentan con agentes de servicios bancarios que representan a diversas instituciones financieras. El centro poblado tiene vías de tránsito pavimentadas con cemento en sus principales anexos, no obstante, existen algunas deficiencias en el mantenimiento de los sistemas de drenaje. Hay un comité de taxis colectivos que permite desplazarse internamente, el cual tiene como precio base 5 soles por pasajero. Igual que en las comunidades, dispone de servicios de telefonía y cable satelital. Las condiciones sociales del centro poblado se pueden apreciar a través de sus parámetros de vivienda, servicios básicos, salud y educación: 130 Empresa minera, comunidades y empresas comunales • Vivienda. Predominan las edificaciones de material noble, es decir, de paredes de ladrillo, techos de calamina o fibraforte y pisos de cemento o cerámica. Los propietarios cuentan con minutas de adquisición de sus viviendas emitidas por el juez de paz del distrito. Los anexos Retamas y La Soledad se encuentran tugurizados por la construcción indiscriminada de viviendas que se han expandido de manera poco planificada, dada su proximidad a las empresas mineras.
